AUDITORIA DE LA CONTRALORIA A LA INSTITUCIONALIDAD PESQUERA Y DE ACUICULTURA

Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida.

Es un tanto monotemático estar dedicándonos constantemente a las andanzas y actualidad del “Estado salmonero”, pero alguien debe hacerlo. Como decía un conocido que esta en lo mismo, transparentar y dar a conocer lo que ocurre con y en ese Estado es de las pocas formas que tenemos para tratar de evitar se salgan con las suyas.

Si alguien quiere saber que es eso del “Estado salmonero”, pues, que lea las auditorias que le hace la Contraloría General de la República a la institucionalidad pesquera y acuícola. Hubo una en el 2016 y la última se dio a conocer la semana pasada y es la número 335 y que analiza el período enero 2017 a marzo 2019. O sea, aparece dos años después de finalizada, lo cual tampoco es positivo. Y claro, como hemos visto en la crítica ciudadana, estas auditorias también vienen con unas tres décadas de retraso. Y si se hacen es porque hay organizaciones ciudadanas que nos ocupamos y cateteamos con el tema. No es casual que la Contraloría nos haga llegar públicamente copia de ella (a Fundación Terram, Fundación Geute, Comité de Defensa del Borde Costero de Pto. Montt y CODEFF).  

En esta última auditoria la principal conclusión es que la institucionalidad fiscalizada no cumple con su rol y no existe prevención ambiental para resguardar la calidad de las aguas y recursos naturales de nuestros mares. ¡Conclusión no menor! Y la verdad es que esta auditoria se parece harto a aquella anterior y en ella hasta se consigna que la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, a la cual se le pidió informar el cumplimiento del Dictamen 38.429 de 2003,  (en el cuál la Contraloría ante requerimiento nuestro, dicatamina que no pueden haber concesiones de acuicultura ni salmoneras en los parques nacionales), y que sin embargo hay concesiones y salmoneras al interior del Parque Nacional Alberto De Agostini (y que ahí se comportan de la forma más anti ambiental y tramposa posible, hasta subsidiados con franquicias tributarias). ¡Pues, la Subpesca se demoró cinco años en informar lo solicitado por la Contraloría! ¡Y peor aún, las salmoneras esas siguen ahí! Y para remate, la “solución” sería trasladarlas a la Reserva y Parque Nacional Kawésqar. La verdad es que da la impresión que desde el Estado salmonero se burlan de todo, hasta de la Contraloría.  A propósito, el artículo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura consigna que los centros de acuicultura deben ubicarse a una distancia de 1,5 millas náuticas de parques y reservas marinas (una de las razones para que casi no existan) y en cuanto a aquellas terrestres, la zonificación del borde costero debe establecer una franja marina mínima de resguardo. O sea, en teoría, no habría donde poner una salmonera en el sector del P.N. Kawésqar porque siempre estarían cercanas a él y eso en una Reserva Nacional, donde también deben cumplir con lo ya dispuesto por la Contraloría. Siguiendo en lo mismo, esta auditoria de la Contraloría también consigna que la Subpesca no evaluó ni modificó los decretos que declaran área apta para la acuicultura (AAA) en perímetros de parques nacionales ¡Y van 18 años desde que saben que no pueden ni deben estar ahí!

En cuanto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca, la auditoria de la Contraloría consigna que este no cuenta con un procedimiento que evalúe actividades de acuicultura y que asegure que las jaulas se encuentren dentro de un área concesionada y que tampoco cuentan con registro unificado de fiscalizaciones. También observa la habitual ausencia de planes de contingencia.

Según esta auditoría, además, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas no atendió las denuncias de Sernapesca respecto de centros fuera de sus áreas concesionadas. A su vez, la Superintendencia del Medioambiente tampoco atendió denuncias de Sernapesca respecto a los centros de cultivo fuera de la concesión, dándoles plazo para informar al respecto.

Finalmente, la auditoria le critica al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, la ausencia de criterios objetivos y uniformes sobre proyectos en áreas protegidas y que se evalúen de conformidad a la normativa vigente. Caso similar ocurre con los ICSARA emitidos.  El SEA deberá informar al respecto de los criterios que se adopten sobre proyectos acuícolas emplazados en o proximidades de áreas protegidas del Estado. Vale comentar aquí que en el SEA sistemáticamente le bajan el perfil a la evaluación ambiental y usan una gradualidad inversa para favorecer a las salmoneras (y no son las únicas beneficiadas por este servicio anti ambiental).

Como se apreciará, cuando nosotros y otras organizaciones hacemos ver las trasgresiones en que incurren las salmoneras y como la institucionalidad no hace su trabajo, no andamos tan perdidos. Tampoco cuando nos referimos a las practicas fácticas del Estado salmonero y como la institucionalidad se toma todo el tiempo habido y por haber para informar, si es que, y como se andan tirando la pelota entre ellos sin resolver, como con los centros fuera de sus concesiones. A fin de cuentas y para que estamos con cosas, no cabe mucha duda de que no hay voluntad en enmendar rumbo. Por lo tanto y en vista que hasta se ríen de la Contraloría, es más o menos lógico que el camino de a poco se ha ido dirigiendo hacia los tribunales de justicia, donde solemos ver a esa misma institucionalidad financiada con nuestros impuestos defendiendo al Estado salmonero.