Se nos ocurren temas diversos sobre los cuales escribir; entre otros, de la urgencia de enfrentar el cambio climático, de la urgencia de contar con la Ley y Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y de nuestras conversaciones con la ministra de Medio Ambiente y los seremis de Agricultura y Medio Ambiente sobre la ley de protección de turberas.

Hace unos días veíamos un video en el cual se mostraba como el presidente de EEUU de NA, T.Roosevelt y los “gringos” necesitaron el bombardeo a Pearl Harbour para percatarse que la II Guerra Mundial era en serio y que para enfrentarla tomasen medidas radicales que les cambiaron la vida. Con el cambio climático parece, y no solo ellos, están esperando otro Pearl Harbour para reaccionar. La cuestión es que los efectos del cambio climático no son como un bombardeo; si bien son peores, van de a poco por lo que no se les toma demasiado en serio. Para remate hay harta desinformación por parte de la millonaria industria petrolera y carbonera, la cual es de los principales responsables y que distrae la adecuada respuesta. En nuestro país también. Es cosa de ver como se intenta convertir en negocio toda medida, sin cambios estructurales en nuestras costumbres e inversiones.

Ejemplo de lo anterior, es el caso de la protección de turberas y pomponales, en lo cual prevalecen los mitos en vez de la realidad del cambio climático, de estar explotando un recurso no renovable, de su importancia para la biodiversidad, sobre la mano de obra real, la sustentabilidad económica en el territorio y el desconocimiento existente sobre este ecosistema. Algunos en el sector Agricultura, da la impresión se quedan en las cifras de toneladas exportadas y los millones de dólares (que no llegan a las regiones) y se argumenta que no cuentan con personal para un adecuado control. Control imprescindible para el hipotético manejo sustentable.  Para remate esos funcionarios del SAG serian los mismos que deben ver los loteos rurales, control que no cabe duda se les escapó de las manos. En el sector Medio Ambiente están de acuerdo en que hay harto mito; de hecho, fueron a mirar la turbera de Lago Vargas y de los miles de extractores o podadores había ninguno. Sí se apreciaba a simple vista la destrucción de ese ecosistema. Sin embargo, el ministerio de Medio Ambiente prácticamente ha estado tomando palco en este tema. ¡No tiene mucho sentido ir a la COP 26 a defender turberas, si no se hace acá en el territorio! Y ahora, en este “gobierno ecológico” y comprometido en tomar medidas para enfrentar el cambio climático, lo que esperamos es mas acción, que saquen la voz, que informen a la ciudadanía y senadores de lo importante del tema. Y si hay alguien que sabe de Cambio Climático es la ministra Maisa Rojas. Sin duda a la ministra Rojas le esta tocando una dura labor con varios complejos mega-problemas como éste y metida en un zapato chino de cultura minera nacional y Congreso bastante inoperante.

A propósito de eso último, vimos a la ministra tratando de apurar la ley para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que ya lleva ¡once años! de tramitación en el Congreso y como los diputados siguen poniendo indicaciones y trabas como si ese proyecto nunca lo hubieran visto. Si bien hay varios nuevos ahí ¡igual podrían ponerse al día de que paso antes! En esa sesión de al que supimos, avanzaron en revisar ¡dos artículos! O sea, así como va la cosa hay para rato. ¡Y pensar que la nueva Constitución requerirá de decenas de leyes para hacerla operativa! La cuestión es que si bien las áreas protegidas hoy están administradas por CONAF, en cuanto a biodiversidad, las áreas marinas protegidas y otros temas hay un gran vacío. Mientras el gobierno trata de avanzar con esa ley, hemos visto como hay toda una campaña por parte del sindicato de profesionales de CONAF para boicotearla. Si bien ese sindicato pueda tener razón en alguna de sus observaciones a la ley (que las canaliza a través de algunos diputados), por fuera tienen en los medios y las redes sociales un sin número de medias verdades y falsedades circulando, que a fin de cuentas los deja mal a ellos mismos.

Entre los argumentos de ese sindicato hay alguno que achaca a la nueva ley y servicio de que ahí habría privatización de áreas protegidas y de que los servicios del ministerio de Medio Ambiente no son fiables (en especial el de Evaluación Ambiental que trabaja para aprobar todo proyecto). Claro que parece estuvieran viendo un espejo. La verdad es que la actual administración de Áreas Protegidas del Estado deja harto que desear y respecto a privatizaciones hemos visto hoteles,  salmoneras, mineras y centrales hidroeléctricas hasta en parques nacionales, concesiones no muy santas de todo tipo sin que nadie se inmute y ahora loteos en esas áreas “protegidas”. Vale recordar que Endesa e HidroAysén estaban trabajando y proyectando una represa del Baker en el Parque Nacional Laguna San Rafael con la venia de las jefaturas de CONAF.  Entonces, si lo que buscan es evitar que pasen esas cosas en el nuevo servicio, tal vez su actitud sea positiva, al igual de cuando advierten que se requiere mas financiamiento, lo cual es cierto. Pero  por la mala leche que transmiten parece no es así y en eso se han convertido en aliados de ciertos sectores a los cuales no les conviene la nueva ley, entre ellos los salmoneros. Esos a los cuales y sus efectos contrarios a los fines de conservación han aceptado sin mayor drama en cuanta área protegida, poco protegida, administran o francamente no administran. Si bien estamos de acuerdo en que el ministerio de MA tiene sus debilidades y tiene un poder fáctico (Comité de Ministros) que le pone la pata encima, con CONAF según nuestra amarga experiencia es igual.  Y entonces, por lo visto, el que servicios públicos se desvirtúen, corrompan y no cuiden los bienes públicos entregados a su resguardo, en buena medida es un problema que supera la ley que los rige. Ahora, si se logra una ley que evite eso ¡bienvenida sea! ¡Pero que sea antes que quede nada por favor!

Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida.