LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida.

Mientras escuchamos en una radio nacional una publicidad del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, incitando a la participación ciudadana, recordamos las conversaciones con y el trabajo desarrollado por nuestro asesor legal, Erwin Sandoval, en ya mas de un año, precisamente para poder lograr esa participación que el mismo SEA suele negar.

Ya desde los tiempos de los megaproyectos tenemos claro que la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impactos ambientales de nuestro país, es más bien para guardar las apariencias y que nuestro sufrido trabajo en observar esos estudios era como estrellarnos contra un muro. Así y todo lo hacíamos porque servía para entender el proyecto, darnos tiempo y poder judicializarlo. Y finalmente ahí, en las cortes y con el apoyo político de los chilenos y algún(a) presidente(a), tanto esfuerzo tuvo su recompensa y se impuso la razón. Por cierto también sirve para mejorar el proyecto y asegurar la revisión de los servicios públicos. Es un hecho de que los proyectos en que no existe atención ciudadana pasan el sistema de evaluación raudos como por un túnel.  Y ahora último nos hemos estado encontrando con Declaraciones de Impacto Ambiental, las que excluyen la participación, donde es evidente que correspondía Estudio con participación.  Lo más insólito ha sido que ante nuestros reclamos, ha sido el SEA el mas obtuso adversario, llegando a perder hasta en la Corte Suprema con sus equivocados argumentos. ¿No tendrán nada mejor que hacer que obstruir la participación ciudadana y hacer bien su trabajo?

Así nos ha ocurrido en los casos Mina Javiera, donde la minera Cerro Bayo pretende vaciar las aguas de esa mina inundada en la laguna Salitrosa, ubicada en un sitio prioritario de conservación de la biodiversidad, y en el proyecto de prospección minera Terrazas al lado de Puerto Ibáñez, en la Zona Nacional de Interés Turístico Chelenko. En ambos, el insólito argumento del SEA era que no corresponde la participación porque no hay beneficios para la comunidad. Cuando la preocupación de la comunidad y que suponíamos seria la del SEA, ¡es evaluar y evitar impactos ambientales! Y esto en áreas protegidas donde por ley corresponde Estudio de Evaluación de Impactos. Algo parecido esta sucediendo con otras prospecciones mineras, en Katerfield y Santa Teresa.  Ahora último nos encontramos en el proyecto de la central Los Maquis, con que fue el SEA el que le responde a Edelaysén de que éste no requiere evaluación, cuando es evidente que afecta valores ambientales de la Zona Nacional de Interés Turístico Chelenko.

En lo mismo, nos topamos con el conflicto existente en Puerto Natales, donde Australis Seafood del consorcio chino Joyvio Group (los mismos de la salmonera de la ballena muerta en la Isla  Matilde y el basural en el Canal Costa) esta construyendo una planta procesadora de recursos hidrobiológicos a un kilómetro de Puerto Natales, capital del turismo de Torres del Paine y parques nacionales Bernardo O’Higgins y Kawésqar. Este megaproyecto que abarca siete hectáreas, evidentemente constituye una amenaza de contaminación y cambio sustancial de la vida en las comunidades. Sin embargo, inexplicablemente, fue aprobado vía Declaración de Impacto Ambiental, sin participación ciudadana. Aunque la explicación podría ser que, históricamente el sistema de evaluación ha sido presionado a bajarle el perfil a estas y facilitar los proyectos de inversión en una errada visión cortoplacista nada de sustentable. Y así es como tenemos tanto al SEA como a las Comisiones Ambientales Regionales (intendentes y seremis) facilitando proyectos sin evaluación apropiada, a veces ni siquiera respetando la ley, y sin participación ciudadana. ¿Miedo a la democracia?

En lo demás y en otro orden, los servicios públicos así como las personas, tienen su imagen y aura. Es cosa de conocer de cerca el SEA de Aysén en avenida OGANA, para encontrarnos con un lugar ambientalmente degradado y vibras negativas, con mal o inexistente perfil público y un director desconocido (esa es la idea parece) y en el cual en alguna reunión hasta nos tuvieron bajo efecto de gases de parafina.

Finalmente y en la misma línea, tenemos la férrea posición adversa del gobierno a suscribir el Acuerdo de Escazú. Un acuerdo en el cual Chile fue uno de sus impulsores. Este tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, asegura el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto es, la plena información y participación ciudadana en decisiones que le afecten y la protección a quienes se dedican al activismo ambiental. ¿Esto tiene algo de malo, es peligroso, atenta contra la integridad nacional? Y por cierto que el mismo gobierno tiene ningún reparo a suscribir el TTP 11 u otros tratados comerciales que afectan nuestra soberanía. Y eso, sin participación ciudadana.