Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida.

Van dos semanas con feriados en que no publicamos nuestra tradicional columna y volvemos aquí a las canchas en el nuevo año y los mejores deseos para nuestros lectores.  ¿Y qué mejor deseo que estar en equilibrio, en armonía con sus semejantes y con la Madre Tierra? A ver si hacemos el esfuerzo en este sentido, una demanda superior. Y esto de estar en equilibrio por cierto implica, justicia, equidad, respeto, superar la desigualdad, la odiosidad, la codicia y varios otros valores negativos.

Esta más o menos claro que este será un año bastante centrado en la creación de una nueva Constitución. ¿Será posible una nueva Constitución que incorpore los valores éticos enunciados  arriba?  ¡Si nos esforzamos por ello, seguro que sí!  No sé si se darán cuenta, pero esto de los valores superiores asimilados a una Constitución implica una cultura ad hoc. Las constituciones, las leyes, las costumbres, responden a culturas existentes. Si bien la Constitución del 80 refleja de una u otra forma la época aquella, de dictadura y su cultura imperante ¿Qué cultura reflejará la nueva Constitución? Para nosotros más importante que la legislación, es la cultura de la cual surge. ¡No se le pueden pedir peras al olmo!

En estas semanas ausentes, se nos han quedado en el tintero algunos temas importantes que vale publicar.

Seguro recordarán que cuando ENEL devolvió al Fisco los derechos de aprovechamiento del agua de los ríos Baker, Pascua y Del Salto otorgados en 1990 a ENDESA, comunicamos que esta era la oportunidad para que todos los ribereños de esas cuencas pudiesen, al fin, pedir los derechos que antes les eran rechazados. Sin embargo, quienes los solicitaron en la cuenca del Baker nuevamente se encontraron con una respuesta negativa en la DGA ¡Esta vez a causa de que río abajo de los derechos devueltos por ENEL había otro igual de grande de la estadounidense AES Gener!  La cuestión es que nos confidenciaron que AES Gener  también devolvió al Fisco sus derechos, pero éste se demora en sus trámites internos para que el agua vuelva a estar legalmente disponible, lo cual seguramente ocurrirá pronto.  En el caso de los derechos de agua del río Cuervo, estos salieron a remate en marzo de 2018 y suponemos nadie se hizo de ellos, con lo que deben salir a remate por segunda vez, y si ahí nadie se queda con ellos, pasan de vuelta al Fisco. En todo caso, sería bueno la DGA haga publica una respuesta a estas inquietudes y anuncie cuando nuevamente este disponible el caudal de estos ríos, donde sus habitantes ribereños tienen mucho interés en este tema.  Igualmente, esto del remate, a veces del caudal de todo un río, e incluso más del existente como en el caso del Cuervo,  es algo bastante inaudito y  sobre lo cual más al norte se ha levantado harta polémica. Allá, como en el río Renaico y el Queuco, se preguntan ¿Cómo es posible que se remate todo un río? Y si bien no es el río el que se remata, es todo su caudal, que es prácticamente lo mismo. Cosas increíbles que pasan en Chile no mas.

El otro tema con el que nos hemos llevado una sorpresa, es aquel de la explotación de las turberas, “pomponal “ y musgo Sphagnum. Como se recordará en el 2018 fue promulgado tras años de estudios para resolver un vacío legal, como decía la autoridad, el Decreto 25 del Ministerio de Agricultura, con el cual se entraba a regular la explotación del Sphagnum y exigir un plan de manejo para evitar la destrucción de la turbera y la sobreexplotación del musgo que es de lentísimo crecimiento. Sin embargo el actual gobierno ante el lobby de los exportadores de Sphagnum, un excelente negocio, postergo por un año la entrada en vigencia del decreto, esto hasta agosto del año pasado, cuando al fin fue publicado.  Sin embargo, la depredación de turberas continuó a todo dar. El rumor era que el decreto no había sido publicado en el Diario Oficial, se dice además que venía con recortes, y finalmente nos enteramos que a los pocos meses el gobierno había decidido derogarlo porque no se contaba con fiscalizadores. Esta última una excusa harto pobre, porque tuvieron al menos dos años para tomar las medidas del caso. Por otra parte, el artículo 10 de la Ley de Bases sobre el Medio Ambiente  exige evaluación de impacto ambiental  a proyectos o actividades en su letra a) “(…) alteración de cuerpos o cursos naturales de agua” e i) “(…) extracción industrial de turba”, aspecto olímpicamente olvidado por la institucionalidad y sobre el cual hemos estado reclamando a la Superintendencia del Medio Ambiente y la Contraloría. Y por cierto seguiremos en eso.