Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida.

Así como terminamos el año pasado con demostraciones de lo insustentable de la minería regional, comenzamos este año con nuevas constataciones de lo mismo.

Esta vez es Laguna Gold – El Toqui la que hace noticia. Vale recordar que a fines del año pasado  nos encontramos con que “graves problemas económicos llevan al cierre de Mina El Toqui” y el seremi de Minería aseguraba el 26 de diciembre que, “la situación de minera El Toqui debe resolverse en los próximos 15 días”, decía ahí también que se trataba de situaciones puntuales de la empresa, que era una situación transitoria y que sus compromisos con los trabajadores estaban asegurados. Agregó además, que  la empresa se había visto afectada por una baja en la producción y que los trabajadores “van a seguir contando con la remuneración que corresponde”. Y ahora, 9 días después,  resulta que Laguna Gold está en quiebra y El Toqui finiquita 47 trabajadores y adeuda sueldos y cotizaciones sin haber claridad del futuro de esa empresa.

Aparte del problema laboral, social y económico que la paralización de esa minera implica, esto nuevamente vuelve a demostrar la ninguna sustentabilidad de la minería, en este caso aquella regional. Como decía el economista M. Max Neef años atrás, la única forma que la minería sea sustentable es invirtiendo sus ganancias en armar una fuente económica y laboral de reemplazo en el mismo lugar afectado, para cuando se agote el mineral. Eso en lo económico, porque evidentemente en lo que es la sustentabilidad  ambiental esa minera debe evitar impactos y retribuir al ambiente afectado, cuidando la salud de sus trabajadores y vecinos y contar con un plan de cierre y abandono de sus operaciones para dejar igual o mejor de como estaba antes.  Y en lo social, debe respetar las costumbres locales evitando trastornos en la comunidad. Todo esto, es lo que no ha ocurrido desde que opera esa minera. De hecho, solo el año pasado tuvo que pagar multas por sobre los 1.000 millones de pesos por incumplimientos ambientales, a lo que se suma otra por un “accidente” laboral. Y por cierto las multas no han solucionado los problemas, una multa no remueve los hasta 15 centímetros de relave acarreados por el viento hacia parte del vecindario, por ejemplo.

Ahora, está claro que tenemos” un chancho al que le dan afrecho”. Según algunos, el Estado chileno pierde 40 mil millones de dólares al año en minerales que salen del país sin ningún control, esto es alrededor de 60% del presupuesto nacional, fondos con los cuales se podría financiar todas las reformas que espera el país, y que sobre 80 % del mineral sale sin valor agregado. Y además tenemos gobiernos y diputados bien remunerados que cuentan con responsabilidades fiscalizadoras y legislativas para evitar que las mineras transnacionales hagan eso, salvaguardando los intereses nacionales. ¡O al menos que no ocurra lo que ha estado y está ocurriendo en El Toqui! Al menos eso se supone. ¿Algún intento siquiera para que esas mineras paguen  impuestos sobre sus utilidades más allá de un royalty insignificante, a que esas mineras dejen en la región algo en reemplazo del mineral que se llevan sin retorno? ¿Algún intento en salvaguardar el futuro de esas comunidades que cuando se acabe el mineral se quedaran en la inopia, con su ambiente contaminado, su estructura y valores  sociales alterados? ¿Algún intento siquiera de fiscalización y legislar?  Ejemplos de esos, de las consecuencias del saqueo o extractivismo, hay hartos en nuestro país y región. Y de autoridades coludidas, haciéndose los desentendidos o  con los pantalones abajo también. Aparte de legislar y fiscalizar, se nos ocurre que entre los intentos de sustentabilidad hasta podría haber una enseñanza en el liceo local de técnico agrícola o en turismo, en vez de aquella de una minería sin futuro.

Y en cuanto a cómo la quiebra de una minera en Australia viene a afectar a una comunidad aisenina, desde los tiempos del proyecto Alumysa venimos advirtiendo sobre las consecuencias de la dependencia de decisiones que se toman en gerencias ubicadas a miles de kilómetros  en el mundo “desarrollado”, donde evidentemente nuestros intereses regionales harto poco les importan. A los accionistas esos solo les importa su dinero y nuestros recursos.

Finalmente,  vale recordar que el gobierno hace poco presento un “Plan de Desarrollo Regional“  en el cual se la juegan por la minería como foco de desarrollo, además de las actividades que ya contemplaba la Estrategia Regional. Parece que su olfato político, así como cuando se aprobó HidroAysén y a juzgar por lo que ha estado ocurriendo,  nuevamente le está fallando.